PARTIDOS POLÍTICOS Y DEMOCRACIA EN EL PERÚ:
UNA HOJA DE RUTA HISTÓRICA
JORGE NEYRA CIENFUEGOS
(9no CICLO. DERECHO-PUCP)
INTRODUCCIÒN
Terminar con la «partidocracia» —corrupta, retrógrada, indolente— fue la gran justificación del ingeniero peruano-japonés Alberto Fujimori para convertirse en autócrata en abril de 1992. Mientras en el exterior las críticas se multiplicaban, en casa sus índices de respaldo ascendían de 59% a 82% en los días que prosiguieron al «fujigolpe». A comienzos de los 90 —observa el politólogo Martín Tanaka— el desprestigio de los partidos políticos era un mal general en la región.
Sólo en el Perú, sin embargo, confrontaron éstos un colapso tan drástico y radical. A contramano con su severa declinación regional, más aún, las Fuerzas Armadas se convertían desde entonces en el Perú en el «partido oficial» de un régimen que muchos —en América Latina, Washington e inclusive en el Banco Mundial— verían como modelo a replicar. Una década después, con un respaldo que, a ocho meses de su inauguración, se mantiene en alrededor del 30% la vida del régimen de Alejandro Toledo no pareciera estar aún del todo asegurada. En la frágil memoria ciudadana, más aún, los pleitos internos del novísimo partido de gobierno —«Perú Posible»— dramatizan el contraste entre una caótica «partidocracia» y la fría eficacia de la maquinaria fujimorista. Difícil de creer, es cierto, no faltan las expresiones de saudade por el audaz ingeniero japonés. A pesar de los cargos que se le imputan —anota la revista Caretas de fines de marzo del 2002— el 16 % de los peruanos cree que Fujimori es inocente, y el 36 % piensa que todavía tiene un futuro político en el Perú. De otro lado, mientras Toledo aprende a gobernar a marchas forzadas, desde su cómoda plaza de cabeza de la oposición, el Partido Aprista Peruano —uno de los más antiguos de América Latina— espera, con su líder el redivivo Alan García, una segunda oportunidad.
Si los partidos son un factor o un obstáculo para la democracia es una pregunta vieja en la atribulada historia política de esta nación andina. ¿Instrumentos de una clase política o canales de participación para la ciudadanía? ¿Hay en las tradiciones políticas peruanas elementos que coadyuven a su consolidación? ¿Qué han significado los partidos políticos en la pugna por domar la legendaria inestabilidad latinoamericana? ¿Hasta qué punto, esta pieza crucial de la democracia occidental, alcanzó a aclimatarse en nuestras sociedades post-coloniales?
Acaso la historia de los encuentros y desavenencias entre partidos y sociedad sea una de las claves para comprender la volatilidad extrema, la impaciencia proverbial, de la conducta política peruana.
El presente trabajo esta avocado a mostrarnos una breve hoja de ruta histórica de la democracia en el Perú.
1. LA ERA OLIGÁRQUICA
Al caer la tarde del 27 de agosto de 1871, los habitantes de Lima pudieron observar un espectáculo inusual: una multitud de 10,500 personas desfilando por el centro de la ciudad en perfecto orden y en absoluto silencio. Era una manifestación política pero no eran necesarias las consignas, «su silencio —comenta la historiadora Carmen MacEvoy— valía por mil palabras». Mostraban así su repudio contra quienes intentaban frustrar la candidatura de Manuel Pardo y Lavalle, un joven político que se atrevía a desafiar al caudillismo militar. Nacía el Partido Civil: el primer partido político de la historia nacional. En 50 años de vida independiente ningún civil había ejercido la Presidencia de la República.
Exitoso empresario guanero, propietario de una de las mayores haciendas azucareras del país, Manuel Pardo había propuesto invertir el importante ingreso del guano en ferrocarriles que —según él— no sólo promoverían el crecimiento económico, sino la estabilidad necesaria para que un verdadero sistema de partidos pudiera establecerse en el Perú.
Tal objetivo requería que la «gente decente» comprendiera que la política era una tarea civilizadora que le competía. Él mismo —como presidente de la Beneficencia Pública y luego como Alcalde de Lima— había ganado simpatías en sectores medios y populares. En tanto que, de otro lado, su mensaje encontraba eco en sectores intelectuales que propugnaban extender el liberalismo —vigente ya en lo económico—a la esfera política; iniciando, de esa manera, un proceso de inclusión e integración nacional. Éstos aportarían al proyecto de Pardo un distintivo tono reformista.
A lo largo de la campaña electoral Pardo demostraría su pragmatismo. De un lado, haciendo uso del telégrafo, creaba una red de vinculaciones que por primera vez sobrepasaba el cerco de los poderes locales terratenientes (los despóticos «gamonales» de las noveles indigenistas andinas); de otro, sus agentes reclutaban a las huestes armadas que eran necesarias para ganar una elección en el Perú del XIX. Aún así, en vísperas de su ascenso al poder, sus enemigos intentaron cerrarle el paso a través de un pronunciamiento militar: el trístemente célebre golpe de los coroneles Gutiérrez. En un hecho sin precedentes, no obstante, la población de Lima se levantó contra los golpistas quiénes terminaron colgados de las torres de la Catedral. Nunca quedaría del todo claro hasta qué punto aquella insólita reacción popular fue una adhesión a Pardo y Lavalle. Lo cierto fue que, con su llegada al poder, en olor de multitud, el pardismo adquiría la estatura de un proyecto burgués con inéditos rasgos populares.
Diversas circunstancias, sin embargo, conspiraron contra sus planes. El agotamiento del guano generó una severa crisis financiera que, a su vez, frustró sus planes de gobierno, a cuyo término, insólitamente, los civilistas dieron su apoyo a un caudillo militar. El asesinato del propio Manuel Pardo en 1878, y el inicio de la guerra con Chile al año siguiente, hicieron el resto. De ésta, el Perú emergió material y moralmente arruinado. Cerca de dos décadas habría que esperar para que el civilismo, reconstituido, pudiese aspirar al poder.
La revolución de 1895 fue su oportunidad. Entonces, en alianza con el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola y respaldados por un singular ejército de montoneros, los civilistas derrotaron al Ejército Nacional, cerrando así la etapa de resurgimiento caudillista iniciada con el fin de la ocupación chilena. El sueño de Pardo parecía concretarse. Durante el siguiente cuarto de siglo —con una breve interrupción de dos años— varios gobiernos civiles se sucedieron en el poder, prevaleció la libertad de expresión y surgieron nuevos partidos sin restricción alguna.
Tras un breve dominio del sector pierolista el Partido Civil se convirtió en la fuerza dominante. Sin llegar a imponer un monopolio completo, no obstante, puesto que, con un Parlamento multipartidario, estaba éste obligado a hacer alianzas. Tampoco se le podía acusar de ser un partido caudillista o estancado en el pasado: tenía una dirigencia colectiva y, bajo la influencia del positivismo, una nueva generación de dirigentes introdujo en la visión del partido el tema de la cuestión social.
Mirada en perspectiva, no obstante, la democracia civilista semejaba a un islote suspendido en el aire cuyos pilares eran los poderes locales terratenientes que ejercían el verdadero control territorial del país.
2. EL DESAFÍO RADICAL
Ya en 1883, Manuel González Prada —quien inicialmente había visto con simpatía el proyecto civilista— había cuestionado la autoridad de las elites políticas capitalinas para hablar a nombre del «verdadero Perú», el cuál, según él, no lo constituían «las agrupaciones de criollos y extranjeros» afincados en la costa sino «las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera». Si bien fracasó en su intento de fundar un partido radical, adoptando posteriormente ideas anarquistas, sus escritos encontraron audiencia en aquellos que miraban la política oficial —con creciente resentimiento y desconfianza— desde fuera del islote. Desde esta perspectiva, civilismo era sinónimo de oligarquía y la república nacida en 1895 era, en el mejor de los casos, una «república aristocrática». Y si algo demostraba dicha experiencia era la impotencia traidora del liberalismo local.
Posteriormente, estos planteamientos se encontraron con las masas en el agitado contexto de la Primera Guerra Mundial; resultando en una combinación de movimientos sociales y culturales de base rural, provinciana, obrera, estudiantil, que coadyuvaron a poner en crisis a la «república aristocrática» hacia finales de la segunda década del XX. Pero su verdadero sepulturero provino de sus propias filas.
Como Manuel Pardo en 1870, Augusto B. Leguía en 1919, intentó salvar al orden exportador con una fuga hacia adelante. En base a empréstitos de la banca norteamericana, pretendía construir una «Patria Nueva». Terminaría liderando el primer proyecto de modernización autoritaria del siglo XX. Predicó el fin del gamonalismo y la oligarquía. Consiguió atraer a sectores de la intelectualidad y de las vanguardias obreras, estudiantiles y campesinas. A los que se resistieron, les dio a escoger entre la cárcel y el exilio. José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre estuvieron entre los que partieron.
Volverían para fundar los Partidos Comunista y Aprista respectivamente. Al cabo de tres reelecciones en once años, en agosto de 1930, Leguía fue derrocado por un levantamiento militar encabezado por Luis M. Sánchez Cerro, un hasta entonces desconocido teniente coronel.
La amplia movilización social que sobrevino a la caída de Leguía perfiló el país que comunistas y apristas querían organizar. La liquidación del civilismo, de otro lado, planteaba el crucial problema de la representación política de la élite económica. Sin partido ¿de qué manera la élite agroexportadora iba a defender sus intereses? Más aún si el viejo reclamo de participación e integración política tenía ahora voceros tan tenaces como el Partido Aprista de Haya de la Torre con su propuesta de un Estado Anti-imperialista, basado en un Congreso Económico con representación de los «trabajadores manuales e intelectuales». Dos militares —el comandante Sánchez Cerro y el Mariscal Benavides— salvarían el problema durante los 30. Gobernaron con leyes de excepción que incluían la proscripción de los partidos aprista y comunista. En 1939, finalmente, tuvieron lugar elecciones presidenciales y el banquero Manuel Prado Ugarteche asumió el poder. ¿Cómo pretender, sin embargo, que existía un verdadero sistema de partidos ahí donde el partido más importante del país estaba proscrito?
La ausencia en el Perú de un partido conservador tanto como el fenómeno aprista son hebras fundamentales de esta historia.
3. « ¡SÓLO EL APRA SALVARÁ AL PERÚ!»
En 1931, por escaso margen, Haya de la Torre había perdido la presidencia ante el comandante Sánchez Cerro, en las primeras elecciones con voto secreto realizadas en el Perú. Sus seguidores alegaron fraude y el nuevo mandatario se aprestó a destruirlos. Algunas semanas después comenzó la confrontación.
Con Haya en prisión, los apristas se levantaron infructuosamente en Trujillo. Cientos murieron en la represión. Y varias decenas de militares fueron masacrados, a raíz de lo cual el ejército impondría a Haya de la Torre un veto que perduraría casi hasta el final de su vida, hacia fines de los años 70. Para sobrevivir, los apristas se convirtieron en una suerte de cofradía laica cuya mística alimentaba una maquinaria política disciplinada y eficiente. Convirtieron las cárceles en centros de formación ideológica; penetraron las filas de las fuerzas armadas; hicieron del partido una prolongación de la vida familiar de los militantes, en tanto que los comandos revolucionarios del partido se encargaban de mantener la memoria del aprismo insurreccional a través de una serie de acciones de propaganda armada. Construyeron, en suma, —como ha observado la historiadora Karen Sanders— un «simulacro de nación» cuyos integrantes, optimistas y desafiantes, usaban a manera de saludo la frase «sólo el APRA salvará al Perú». Fuera del país, mientras tanto, sus deportados difundían la epopeya del partido dejando establecido que, lejos de ser la «secta de fanáticos» de la propaganda oficial, el suyo era un modelo alternativo al comunismo, válido para toda América Latina.
En 1945, finalmente, surgió la posibilidad de una verdadera apertura democrática. El 20 de mayo de 1945, tras más de una década en la clandestinidad, 150,000 apristas recorrieron las calles de Lima, en silencio como los civilistas de 1871, ante el entusiasmo y el temor de la ciudadanía.
Para ese entonces, el antiaprismo era acaso tan voluminoso como el aprismo. En su discurso de aquel día en la Plaza San Martín, dirigiéndose al vecino Club Nacional —símbolo tradicional de la oligarquía— Haya de la Torre invitó a la reconciliación. El pacto en que se basaba la transición prevenía su candidatura a la presidencia mas no la presentación de candidaturas al Congreso como parte de un Frente Democrático Nacional, cuyo líder —el abogado arequipeño José Luis Bustamante— sería elegido por abrumadora mayoría.
Más allá de las buenas intenciones, para sus ocasionales socios, la transición que se iniciaba conllevaba una serie de interrogantes:
¿Era posible confiar en el APRA? ¿Cómo contrapesar su influencia en los sindicatos, universidades, gremios de empleados e inclusive, dentro del aparato estatal y las Fuerzas Armadas? Y, nuevamente. ¿Cómo iban a actuar las élites económicas —electoralmente minimizadas— frente a un régimen cuyo miembro principal exhibía un programa de corte nacional-populista: conspirarían, se refugiarían nuevamente tras un caudillo militar? ¿Sería la corriente democrática representada por el abogado Bustamante, contrapeso suficiente a la emergente APRA? ¿Aceptarían los militares un gobierno del APRA como sucesor del FDN? ¿Lograría Haya de la Torre, más aún, mantener bajo control los ímpetus revolucionarios del APRA que él mismo había azuzado durante los años de la clandestinidad?
Acechada por tamañas interrogantes, a mediados de 1948 la primavera democrática iba camino de una muerte prematura. En octubre, bases y oficiales militares apristas se levantaron en el Callao. La dirigencia del partido desconoció el movimiento. Bustamante reaccionó expulsando a los apristas del gobierno y llamando al Ejército a co-gobernar. En noviembre, uno de sus ministros militares —el General Manuel A. Odría— lo depuso para dar inicio a un gobierno militar de 8 años.
4. RETORNO DEL MILITARISMO
En muchos sentidos, el régimen de Odría fue una vuelta al pasado, que ocurría en el momento mismo en que el Perú enfrentaba una serie de transformaciones profundas. El inicio de la masiva migración de la región andina a la región costeña era el catalizador de un proceso que transformó el rostro del país. Por primera vez, hacia mediados de siglo, la costa superó en población a la sierra y Lima se puso en camino de convertirse en la megalópolis de hoy, lugar de residencia de un tercio de la población nacional. Se iniciaba lo que José Matos Mar denominaría como el «desborde popular» de la vieja nación criolla, lo que, en rigor, significaba una abrupta ampliación, desde abajo, del escenario social y político «nacional».
La gran pregunta de las décadas siguientes, sería cómo establecer mecanismos de representación partidaria capaces de contener a una sociedad en flujo, en un marco de inestabilidad económica y con el pobre legado político que de una centuria de sucesivos fracasos derivaba.
En 1957, tras ocho años de gobierno militar, se inició un nuevo intento de restablecimiento democrático. El Partido Aprista salió entonces de su segunda clandestinidad.
Muchos de sus dirigentes habían abandonado la organización denunciando la traición de su líder a sus ideales originales. Sin la mística de otros tiempos, mantenía su fuerza sindical y su arraigo tradicional en la región norte del país, cuna de Haya de la Torre y del partido. No era ya, sin embargo, la fuerza hegemónica de otros tiempos: si quería llegar a gobernar tenía que transar. Para ello, el camino elegido fue ofrecer el caudal electoral del partido a movimientos conservadores como el de Manuel Prado o el encabezado por el General Odría, en la esperanza de que, dada su evidente caducidad, sirvieran simplemente como vehículo hacia el poder.
La defección aprista del campo de la reforma radical abriría las puertas a la Acción Popular de Fernando Belaúnde. Como antes el civilismo y el leguiísmo, propugnaba éste —en base al acercamiento de las élites económicas, profesionales e intelectuales— una propuesta de desarrollo y renovación nacional. Una «conquista del Perú por los peruanos» —en la retórica belaundista— cuya pieza central era la reforma agraria. Llegó al poder en 1963. Sintiendo la competencia, desde el parlamento, el Partido Aprista le declaró la guerra. El escenario de 1948 parecía repetirse. En octubre de 1968, nuevamente, el Ejercito puso fin al impasse.
Los líderes golpistas venían imbuidos de mesianismo. De facto, harían lo que en siglo y medio de república no había sido posible: crear una «democracia de participación plena» para cuyo logro no eran necesarios los partidos sino, según dijeron, un «sistema nacional de movilización social». En el contexto latinoamericano de militares ultraderechistas, los oficiales peruanos comandados por el General Juan Velasco Alvarado eran una rareza. Podría decirse que habían leído «al revés» la doctrina de seguridad nacional impartida en la Escuela de las Américas. Más que desatar una guerra total contra los enemigos internos, seguridad nacional era para ellos arremeter —a través, por ejemplo, de una reforma agraria profunda— contra las estructuras del país oligárquico. En la vieja tradición corporativa, sin llegar a articularla plenamente, esbozaron una visión de futuro en que las Fuerzas Armadas aparecían como una suerte de suprapartido nacionalista. A mediados de los 70, sin embargo, la utopía militar comenzó a desintegrarse. Entre 1978 y 1980 el Perú comenzó a transitar de nuevo hacia la democracia. Imposible saber, entonces, en qué medida el impulso corporativo seguía firme en la mentalidad castrense.
5. LA CRISIS PRESENTE
En la dislocación e incertidumbre que el proyecto militar generaba, la visión radical —que, desde González Prada, se había ido estableciendo como perspectiva crítica y contrahegemónica de la historia y el destino del país— encontró espacio para prosperar.
A la par con el intervencionismo militar, el complejo fenómeno del radicalismo peruano es otra de las vigas maestras de esta historia.
Leídos desde el aislamiento intelectual de las universidades públicas del interior —en combinación con lecturas sesgadas de la teoría revolucionaria y sazonadas por el resentimiento y la desconfianza— los escritos de Mariátegui inspiraron un radicalismo duro y guerrerista, al que se añadió el legado de las experiencias insurreccionales apristas, para producir una corriente subversiva de la que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fueron expresión culminante.
El resentimiento empozado en el alma nacional —parafraseando al poeta César Vallejo— proveyó el aliento vital. Desde su nacimiento, la democracia de los 80 tuvo que vérselas con un país en erupción. Era como si el emergente sistema de partidos políticos se edificara sobre una vieja falla sísmica que el conflicto subversión-contrasubversión expresaba con histórica perversión. En sus doce años de duración, describiría éste las tendencias siguientes:
1.La resurrección y agotamiento en el lustro 80-85 del «belaundismo» como partido a la vez conservador y reformista, capitalino y provinciano, copado, en esta ocasión, por su ala financiera y transnacional.
2.La articulación, bajo la dirección de la izquierda intelectual limeña —en alianza con líderes sindicales y regionales— de un frente político nacional de gran peso electoral. Y su fracaso, asimismo, para organizarse como partido, definiendo un perfil democrático y domeñando sus impulsos insurreccionales.
3.El fulgurante retorno del APRA post-Haya como fuerza nacional bajo la dirección de un nuevo líder carismático —Alan García, elegido presidente en 1985—, insinuando su modernización aunque aún habitada por los fantasmas del pasado.
4.La búsqueda por parte de la derecha peruana de una alternativa ideológica y política propia; búsqueda coronada a fines de los 90 con la aparición del Movimiento Libertad encabezado por Mario Vargas Llosa.
El destino de dicho experimento es historia conocida: su agotamiento tras el nefasto primer gobierno aprista en la historia del país; la gradual socavación de los espacios democráticos por la dinámica violenta propiciada por el alzamiento de Sendero Luminoso; el portentoso colapso de los partidos políticos de inicios de los 90; el surgimiento de Fujimori. Y, con él, nuevamente, la mesiánica ilusión —patente en el leguiísmo, tanto como en el proyecto militar de 1968— de una cúpula de poder, de modernizar y estabilizar al país por la vía autocrática, y con las Fuerzas Armadas, nuevamente, jugando el papel de suprapartido político nacional.. Y, tras todo ello, el alucinante desmoronamiento de la cúpula civil-militar «fujimontesinista» y el retorno a la democracia bajo tutela internacional.
Medio año de «estado de derecho» es un lapso demasiado breve como para pretender un examen en profundidad de los principales actores partidarios peruanos. Desde la perspectiva histórica aquí delineada, sin embargo, es posible proponer una especie de foto-check básico y preliminar.
Perú Posible: Súbitamente convertido en partido de gobierno. Creció de la noche a la mañana en la medida que Toledo se perfilaba como alternativa presidencial. En su lucha contra Fujimori apeló con éxito a las calles y la «lógica movimientista» hasta entonces patrimonio de la izquierda legal. En el poder, más aún, recurriría a ésta en busca de cuadros de gobierno, sobre todo para el sector social, en tanto que, los sectores productivos quedan en manos de sectores vinculados al empresariado local y la banca internacional. ¿Asimilará el partido a los «invitados» de su líder o se irá profundizando la brecha entre éstos y «militancia de base»? Sin planteamientos ideológicos claros, entidad básicamente caudillista, para muchos Perú Posible aparece como una suerte de agencia de empleos. Dos veces en los últimos meses ha debido postergar su congreso nacional debido a peleas internas que revelan enormes dificultades para establecer, para comenzar, una identidad propia.
De superar estos problemas, podría ocupar el espacio dejado por Acción Popular como partido nacional, aglutinante, capaz de centralizar a importantes sectores de las élites políticas ofreciendo un contrapeso al PAP.
Partido Aprista Peruano: Sorprendente retorno de compleja explicación. Acaso represente una opción nostálgica para quienes mantienen su adhesión a las identidades radicales y creen, aún, en una alternativa doctrinaria frente a la indefinición toledista y la desalmada globalización. Acaso, el aprismo, sigue transmitiendo la imagen de un país mestizo, mesocrático, descentralizado, frente a la poco confiable política limeña. Acaso sigue convocando instintos nacionalistas y populares como ningún otro partido podría hacerlo. ¿Podrá Alan García curar a su partido de su histórica esquizofrenia y construir un partido de centro-izquierda con capacidad de convocatoria nacional?
Unidad Nacional: Intento de construcción de una derecha moderna de alcance nacional tras el estancamiento del Partido Popular Cristiano y el fallido intento del FREDEMO de 1990. ¿Podrá tener éxito allí donde Pardo y Leguía fracasaron? Su lideresa insiste en la filiación social-cristiana y no derechista de su organización. En las últimas elecciones incluyó en su plancha a un ex-dirigente sindical comunista. Sus críticos, en cambio, señalan sus vínculos con el Opus Dei y sus intenciones de cooptar a los restos del fujimorismo. Jamás, dicen otros, dejará de ser un partido limeño.
UNA HOJA DE RUTA HISTÓRICA
JORGE NEYRA CIENFUEGOS
(9no CICLO. DERECHO-PUCP)
INTRODUCCIÒN
Terminar con la «partidocracia» —corrupta, retrógrada, indolente— fue la gran justificación del ingeniero peruano-japonés Alberto Fujimori para convertirse en autócrata en abril de 1992. Mientras en el exterior las críticas se multiplicaban, en casa sus índices de respaldo ascendían de 59% a 82% en los días que prosiguieron al «fujigolpe». A comienzos de los 90 —observa el politólogo Martín Tanaka— el desprestigio de los partidos políticos era un mal general en la región.
Sólo en el Perú, sin embargo, confrontaron éstos un colapso tan drástico y radical. A contramano con su severa declinación regional, más aún, las Fuerzas Armadas se convertían desde entonces en el Perú en el «partido oficial» de un régimen que muchos —en América Latina, Washington e inclusive en el Banco Mundial— verían como modelo a replicar. Una década después, con un respaldo que, a ocho meses de su inauguración, se mantiene en alrededor del 30% la vida del régimen de Alejandro Toledo no pareciera estar aún del todo asegurada. En la frágil memoria ciudadana, más aún, los pleitos internos del novísimo partido de gobierno —«Perú Posible»— dramatizan el contraste entre una caótica «partidocracia» y la fría eficacia de la maquinaria fujimorista. Difícil de creer, es cierto, no faltan las expresiones de saudade por el audaz ingeniero japonés. A pesar de los cargos que se le imputan —anota la revista Caretas de fines de marzo del 2002— el 16 % de los peruanos cree que Fujimori es inocente, y el 36 % piensa que todavía tiene un futuro político en el Perú. De otro lado, mientras Toledo aprende a gobernar a marchas forzadas, desde su cómoda plaza de cabeza de la oposición, el Partido Aprista Peruano —uno de los más antiguos de América Latina— espera, con su líder el redivivo Alan García, una segunda oportunidad.
Si los partidos son un factor o un obstáculo para la democracia es una pregunta vieja en la atribulada historia política de esta nación andina. ¿Instrumentos de una clase política o canales de participación para la ciudadanía? ¿Hay en las tradiciones políticas peruanas elementos que coadyuven a su consolidación? ¿Qué han significado los partidos políticos en la pugna por domar la legendaria inestabilidad latinoamericana? ¿Hasta qué punto, esta pieza crucial de la democracia occidental, alcanzó a aclimatarse en nuestras sociedades post-coloniales?
Acaso la historia de los encuentros y desavenencias entre partidos y sociedad sea una de las claves para comprender la volatilidad extrema, la impaciencia proverbial, de la conducta política peruana.
El presente trabajo esta avocado a mostrarnos una breve hoja de ruta histórica de la democracia en el Perú.
1. LA ERA OLIGÁRQUICA
Al caer la tarde del 27 de agosto de 1871, los habitantes de Lima pudieron observar un espectáculo inusual: una multitud de 10,500 personas desfilando por el centro de la ciudad en perfecto orden y en absoluto silencio. Era una manifestación política pero no eran necesarias las consignas, «su silencio —comenta la historiadora Carmen MacEvoy— valía por mil palabras». Mostraban así su repudio contra quienes intentaban frustrar la candidatura de Manuel Pardo y Lavalle, un joven político que se atrevía a desafiar al caudillismo militar. Nacía el Partido Civil: el primer partido político de la historia nacional. En 50 años de vida independiente ningún civil había ejercido la Presidencia de la República.
Exitoso empresario guanero, propietario de una de las mayores haciendas azucareras del país, Manuel Pardo había propuesto invertir el importante ingreso del guano en ferrocarriles que —según él— no sólo promoverían el crecimiento económico, sino la estabilidad necesaria para que un verdadero sistema de partidos pudiera establecerse en el Perú.
Tal objetivo requería que la «gente decente» comprendiera que la política era una tarea civilizadora que le competía. Él mismo —como presidente de la Beneficencia Pública y luego como Alcalde de Lima— había ganado simpatías en sectores medios y populares. En tanto que, de otro lado, su mensaje encontraba eco en sectores intelectuales que propugnaban extender el liberalismo —vigente ya en lo económico—a la esfera política; iniciando, de esa manera, un proceso de inclusión e integración nacional. Éstos aportarían al proyecto de Pardo un distintivo tono reformista.
A lo largo de la campaña electoral Pardo demostraría su pragmatismo. De un lado, haciendo uso del telégrafo, creaba una red de vinculaciones que por primera vez sobrepasaba el cerco de los poderes locales terratenientes (los despóticos «gamonales» de las noveles indigenistas andinas); de otro, sus agentes reclutaban a las huestes armadas que eran necesarias para ganar una elección en el Perú del XIX. Aún así, en vísperas de su ascenso al poder, sus enemigos intentaron cerrarle el paso a través de un pronunciamiento militar: el trístemente célebre golpe de los coroneles Gutiérrez. En un hecho sin precedentes, no obstante, la población de Lima se levantó contra los golpistas quiénes terminaron colgados de las torres de la Catedral. Nunca quedaría del todo claro hasta qué punto aquella insólita reacción popular fue una adhesión a Pardo y Lavalle. Lo cierto fue que, con su llegada al poder, en olor de multitud, el pardismo adquiría la estatura de un proyecto burgués con inéditos rasgos populares.
Diversas circunstancias, sin embargo, conspiraron contra sus planes. El agotamiento del guano generó una severa crisis financiera que, a su vez, frustró sus planes de gobierno, a cuyo término, insólitamente, los civilistas dieron su apoyo a un caudillo militar. El asesinato del propio Manuel Pardo en 1878, y el inicio de la guerra con Chile al año siguiente, hicieron el resto. De ésta, el Perú emergió material y moralmente arruinado. Cerca de dos décadas habría que esperar para que el civilismo, reconstituido, pudiese aspirar al poder.
La revolución de 1895 fue su oportunidad. Entonces, en alianza con el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola y respaldados por un singular ejército de montoneros, los civilistas derrotaron al Ejército Nacional, cerrando así la etapa de resurgimiento caudillista iniciada con el fin de la ocupación chilena. El sueño de Pardo parecía concretarse. Durante el siguiente cuarto de siglo —con una breve interrupción de dos años— varios gobiernos civiles se sucedieron en el poder, prevaleció la libertad de expresión y surgieron nuevos partidos sin restricción alguna.
Tras un breve dominio del sector pierolista el Partido Civil se convirtió en la fuerza dominante. Sin llegar a imponer un monopolio completo, no obstante, puesto que, con un Parlamento multipartidario, estaba éste obligado a hacer alianzas. Tampoco se le podía acusar de ser un partido caudillista o estancado en el pasado: tenía una dirigencia colectiva y, bajo la influencia del positivismo, una nueva generación de dirigentes introdujo en la visión del partido el tema de la cuestión social.
Mirada en perspectiva, no obstante, la democracia civilista semejaba a un islote suspendido en el aire cuyos pilares eran los poderes locales terratenientes que ejercían el verdadero control territorial del país.
2. EL DESAFÍO RADICAL
Ya en 1883, Manuel González Prada —quien inicialmente había visto con simpatía el proyecto civilista— había cuestionado la autoridad de las elites políticas capitalinas para hablar a nombre del «verdadero Perú», el cuál, según él, no lo constituían «las agrupaciones de criollos y extranjeros» afincados en la costa sino «las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera». Si bien fracasó en su intento de fundar un partido radical, adoptando posteriormente ideas anarquistas, sus escritos encontraron audiencia en aquellos que miraban la política oficial —con creciente resentimiento y desconfianza— desde fuera del islote. Desde esta perspectiva, civilismo era sinónimo de oligarquía y la república nacida en 1895 era, en el mejor de los casos, una «república aristocrática». Y si algo demostraba dicha experiencia era la impotencia traidora del liberalismo local.
Posteriormente, estos planteamientos se encontraron con las masas en el agitado contexto de la Primera Guerra Mundial; resultando en una combinación de movimientos sociales y culturales de base rural, provinciana, obrera, estudiantil, que coadyuvaron a poner en crisis a la «república aristocrática» hacia finales de la segunda década del XX. Pero su verdadero sepulturero provino de sus propias filas.
Como Manuel Pardo en 1870, Augusto B. Leguía en 1919, intentó salvar al orden exportador con una fuga hacia adelante. En base a empréstitos de la banca norteamericana, pretendía construir una «Patria Nueva». Terminaría liderando el primer proyecto de modernización autoritaria del siglo XX. Predicó el fin del gamonalismo y la oligarquía. Consiguió atraer a sectores de la intelectualidad y de las vanguardias obreras, estudiantiles y campesinas. A los que se resistieron, les dio a escoger entre la cárcel y el exilio. José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre estuvieron entre los que partieron.
Volverían para fundar los Partidos Comunista y Aprista respectivamente. Al cabo de tres reelecciones en once años, en agosto de 1930, Leguía fue derrocado por un levantamiento militar encabezado por Luis M. Sánchez Cerro, un hasta entonces desconocido teniente coronel.
La amplia movilización social que sobrevino a la caída de Leguía perfiló el país que comunistas y apristas querían organizar. La liquidación del civilismo, de otro lado, planteaba el crucial problema de la representación política de la élite económica. Sin partido ¿de qué manera la élite agroexportadora iba a defender sus intereses? Más aún si el viejo reclamo de participación e integración política tenía ahora voceros tan tenaces como el Partido Aprista de Haya de la Torre con su propuesta de un Estado Anti-imperialista, basado en un Congreso Económico con representación de los «trabajadores manuales e intelectuales». Dos militares —el comandante Sánchez Cerro y el Mariscal Benavides— salvarían el problema durante los 30. Gobernaron con leyes de excepción que incluían la proscripción de los partidos aprista y comunista. En 1939, finalmente, tuvieron lugar elecciones presidenciales y el banquero Manuel Prado Ugarteche asumió el poder. ¿Cómo pretender, sin embargo, que existía un verdadero sistema de partidos ahí donde el partido más importante del país estaba proscrito?
La ausencia en el Perú de un partido conservador tanto como el fenómeno aprista son hebras fundamentales de esta historia.
3. « ¡SÓLO EL APRA SALVARÁ AL PERÚ!»
En 1931, por escaso margen, Haya de la Torre había perdido la presidencia ante el comandante Sánchez Cerro, en las primeras elecciones con voto secreto realizadas en el Perú. Sus seguidores alegaron fraude y el nuevo mandatario se aprestó a destruirlos. Algunas semanas después comenzó la confrontación.
Con Haya en prisión, los apristas se levantaron infructuosamente en Trujillo. Cientos murieron en la represión. Y varias decenas de militares fueron masacrados, a raíz de lo cual el ejército impondría a Haya de la Torre un veto que perduraría casi hasta el final de su vida, hacia fines de los años 70. Para sobrevivir, los apristas se convirtieron en una suerte de cofradía laica cuya mística alimentaba una maquinaria política disciplinada y eficiente. Convirtieron las cárceles en centros de formación ideológica; penetraron las filas de las fuerzas armadas; hicieron del partido una prolongación de la vida familiar de los militantes, en tanto que los comandos revolucionarios del partido se encargaban de mantener la memoria del aprismo insurreccional a través de una serie de acciones de propaganda armada. Construyeron, en suma, —como ha observado la historiadora Karen Sanders— un «simulacro de nación» cuyos integrantes, optimistas y desafiantes, usaban a manera de saludo la frase «sólo el APRA salvará al Perú». Fuera del país, mientras tanto, sus deportados difundían la epopeya del partido dejando establecido que, lejos de ser la «secta de fanáticos» de la propaganda oficial, el suyo era un modelo alternativo al comunismo, válido para toda América Latina.
En 1945, finalmente, surgió la posibilidad de una verdadera apertura democrática. El 20 de mayo de 1945, tras más de una década en la clandestinidad, 150,000 apristas recorrieron las calles de Lima, en silencio como los civilistas de 1871, ante el entusiasmo y el temor de la ciudadanía.
Para ese entonces, el antiaprismo era acaso tan voluminoso como el aprismo. En su discurso de aquel día en la Plaza San Martín, dirigiéndose al vecino Club Nacional —símbolo tradicional de la oligarquía— Haya de la Torre invitó a la reconciliación. El pacto en que se basaba la transición prevenía su candidatura a la presidencia mas no la presentación de candidaturas al Congreso como parte de un Frente Democrático Nacional, cuyo líder —el abogado arequipeño José Luis Bustamante— sería elegido por abrumadora mayoría.
Más allá de las buenas intenciones, para sus ocasionales socios, la transición que se iniciaba conllevaba una serie de interrogantes:
¿Era posible confiar en el APRA? ¿Cómo contrapesar su influencia en los sindicatos, universidades, gremios de empleados e inclusive, dentro del aparato estatal y las Fuerzas Armadas? Y, nuevamente. ¿Cómo iban a actuar las élites económicas —electoralmente minimizadas— frente a un régimen cuyo miembro principal exhibía un programa de corte nacional-populista: conspirarían, se refugiarían nuevamente tras un caudillo militar? ¿Sería la corriente democrática representada por el abogado Bustamante, contrapeso suficiente a la emergente APRA? ¿Aceptarían los militares un gobierno del APRA como sucesor del FDN? ¿Lograría Haya de la Torre, más aún, mantener bajo control los ímpetus revolucionarios del APRA que él mismo había azuzado durante los años de la clandestinidad?
Acechada por tamañas interrogantes, a mediados de 1948 la primavera democrática iba camino de una muerte prematura. En octubre, bases y oficiales militares apristas se levantaron en el Callao. La dirigencia del partido desconoció el movimiento. Bustamante reaccionó expulsando a los apristas del gobierno y llamando al Ejército a co-gobernar. En noviembre, uno de sus ministros militares —el General Manuel A. Odría— lo depuso para dar inicio a un gobierno militar de 8 años.
4. RETORNO DEL MILITARISMO
En muchos sentidos, el régimen de Odría fue una vuelta al pasado, que ocurría en el momento mismo en que el Perú enfrentaba una serie de transformaciones profundas. El inicio de la masiva migración de la región andina a la región costeña era el catalizador de un proceso que transformó el rostro del país. Por primera vez, hacia mediados de siglo, la costa superó en población a la sierra y Lima se puso en camino de convertirse en la megalópolis de hoy, lugar de residencia de un tercio de la población nacional. Se iniciaba lo que José Matos Mar denominaría como el «desborde popular» de la vieja nación criolla, lo que, en rigor, significaba una abrupta ampliación, desde abajo, del escenario social y político «nacional».
La gran pregunta de las décadas siguientes, sería cómo establecer mecanismos de representación partidaria capaces de contener a una sociedad en flujo, en un marco de inestabilidad económica y con el pobre legado político que de una centuria de sucesivos fracasos derivaba.
En 1957, tras ocho años de gobierno militar, se inició un nuevo intento de restablecimiento democrático. El Partido Aprista salió entonces de su segunda clandestinidad.
Muchos de sus dirigentes habían abandonado la organización denunciando la traición de su líder a sus ideales originales. Sin la mística de otros tiempos, mantenía su fuerza sindical y su arraigo tradicional en la región norte del país, cuna de Haya de la Torre y del partido. No era ya, sin embargo, la fuerza hegemónica de otros tiempos: si quería llegar a gobernar tenía que transar. Para ello, el camino elegido fue ofrecer el caudal electoral del partido a movimientos conservadores como el de Manuel Prado o el encabezado por el General Odría, en la esperanza de que, dada su evidente caducidad, sirvieran simplemente como vehículo hacia el poder.
La defección aprista del campo de la reforma radical abriría las puertas a la Acción Popular de Fernando Belaúnde. Como antes el civilismo y el leguiísmo, propugnaba éste —en base al acercamiento de las élites económicas, profesionales e intelectuales— una propuesta de desarrollo y renovación nacional. Una «conquista del Perú por los peruanos» —en la retórica belaundista— cuya pieza central era la reforma agraria. Llegó al poder en 1963. Sintiendo la competencia, desde el parlamento, el Partido Aprista le declaró la guerra. El escenario de 1948 parecía repetirse. En octubre de 1968, nuevamente, el Ejercito puso fin al impasse.
Los líderes golpistas venían imbuidos de mesianismo. De facto, harían lo que en siglo y medio de república no había sido posible: crear una «democracia de participación plena» para cuyo logro no eran necesarios los partidos sino, según dijeron, un «sistema nacional de movilización social». En el contexto latinoamericano de militares ultraderechistas, los oficiales peruanos comandados por el General Juan Velasco Alvarado eran una rareza. Podría decirse que habían leído «al revés» la doctrina de seguridad nacional impartida en la Escuela de las Américas. Más que desatar una guerra total contra los enemigos internos, seguridad nacional era para ellos arremeter —a través, por ejemplo, de una reforma agraria profunda— contra las estructuras del país oligárquico. En la vieja tradición corporativa, sin llegar a articularla plenamente, esbozaron una visión de futuro en que las Fuerzas Armadas aparecían como una suerte de suprapartido nacionalista. A mediados de los 70, sin embargo, la utopía militar comenzó a desintegrarse. Entre 1978 y 1980 el Perú comenzó a transitar de nuevo hacia la democracia. Imposible saber, entonces, en qué medida el impulso corporativo seguía firme en la mentalidad castrense.
5. LA CRISIS PRESENTE
En la dislocación e incertidumbre que el proyecto militar generaba, la visión radical —que, desde González Prada, se había ido estableciendo como perspectiva crítica y contrahegemónica de la historia y el destino del país— encontró espacio para prosperar.
A la par con el intervencionismo militar, el complejo fenómeno del radicalismo peruano es otra de las vigas maestras de esta historia.
Leídos desde el aislamiento intelectual de las universidades públicas del interior —en combinación con lecturas sesgadas de la teoría revolucionaria y sazonadas por el resentimiento y la desconfianza— los escritos de Mariátegui inspiraron un radicalismo duro y guerrerista, al que se añadió el legado de las experiencias insurreccionales apristas, para producir una corriente subversiva de la que Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fueron expresión culminante.
El resentimiento empozado en el alma nacional —parafraseando al poeta César Vallejo— proveyó el aliento vital. Desde su nacimiento, la democracia de los 80 tuvo que vérselas con un país en erupción. Era como si el emergente sistema de partidos políticos se edificara sobre una vieja falla sísmica que el conflicto subversión-contrasubversión expresaba con histórica perversión. En sus doce años de duración, describiría éste las tendencias siguientes:
1.La resurrección y agotamiento en el lustro 80-85 del «belaundismo» como partido a la vez conservador y reformista, capitalino y provinciano, copado, en esta ocasión, por su ala financiera y transnacional.
2.La articulación, bajo la dirección de la izquierda intelectual limeña —en alianza con líderes sindicales y regionales— de un frente político nacional de gran peso electoral. Y su fracaso, asimismo, para organizarse como partido, definiendo un perfil democrático y domeñando sus impulsos insurreccionales.
3.El fulgurante retorno del APRA post-Haya como fuerza nacional bajo la dirección de un nuevo líder carismático —Alan García, elegido presidente en 1985—, insinuando su modernización aunque aún habitada por los fantasmas del pasado.
4.La búsqueda por parte de la derecha peruana de una alternativa ideológica y política propia; búsqueda coronada a fines de los 90 con la aparición del Movimiento Libertad encabezado por Mario Vargas Llosa.
El destino de dicho experimento es historia conocida: su agotamiento tras el nefasto primer gobierno aprista en la historia del país; la gradual socavación de los espacios democráticos por la dinámica violenta propiciada por el alzamiento de Sendero Luminoso; el portentoso colapso de los partidos políticos de inicios de los 90; el surgimiento de Fujimori. Y, con él, nuevamente, la mesiánica ilusión —patente en el leguiísmo, tanto como en el proyecto militar de 1968— de una cúpula de poder, de modernizar y estabilizar al país por la vía autocrática, y con las Fuerzas Armadas, nuevamente, jugando el papel de suprapartido político nacional.. Y, tras todo ello, el alucinante desmoronamiento de la cúpula civil-militar «fujimontesinista» y el retorno a la democracia bajo tutela internacional.
Medio año de «estado de derecho» es un lapso demasiado breve como para pretender un examen en profundidad de los principales actores partidarios peruanos. Desde la perspectiva histórica aquí delineada, sin embargo, es posible proponer una especie de foto-check básico y preliminar.
Perú Posible: Súbitamente convertido en partido de gobierno. Creció de la noche a la mañana en la medida que Toledo se perfilaba como alternativa presidencial. En su lucha contra Fujimori apeló con éxito a las calles y la «lógica movimientista» hasta entonces patrimonio de la izquierda legal. En el poder, más aún, recurriría a ésta en busca de cuadros de gobierno, sobre todo para el sector social, en tanto que, los sectores productivos quedan en manos de sectores vinculados al empresariado local y la banca internacional. ¿Asimilará el partido a los «invitados» de su líder o se irá profundizando la brecha entre éstos y «militancia de base»? Sin planteamientos ideológicos claros, entidad básicamente caudillista, para muchos Perú Posible aparece como una suerte de agencia de empleos. Dos veces en los últimos meses ha debido postergar su congreso nacional debido a peleas internas que revelan enormes dificultades para establecer, para comenzar, una identidad propia.
De superar estos problemas, podría ocupar el espacio dejado por Acción Popular como partido nacional, aglutinante, capaz de centralizar a importantes sectores de las élites políticas ofreciendo un contrapeso al PAP.
Partido Aprista Peruano: Sorprendente retorno de compleja explicación. Acaso represente una opción nostálgica para quienes mantienen su adhesión a las identidades radicales y creen, aún, en una alternativa doctrinaria frente a la indefinición toledista y la desalmada globalización. Acaso, el aprismo, sigue transmitiendo la imagen de un país mestizo, mesocrático, descentralizado, frente a la poco confiable política limeña. Acaso sigue convocando instintos nacionalistas y populares como ningún otro partido podría hacerlo. ¿Podrá Alan García curar a su partido de su histórica esquizofrenia y construir un partido de centro-izquierda con capacidad de convocatoria nacional?
Unidad Nacional: Intento de construcción de una derecha moderna de alcance nacional tras el estancamiento del Partido Popular Cristiano y el fallido intento del FREDEMO de 1990. ¿Podrá tener éxito allí donde Pardo y Leguía fracasaron? Su lideresa insiste en la filiación social-cristiana y no derechista de su organización. En las últimas elecciones incluyó en su plancha a un ex-dirigente sindical comunista. Sus críticos, en cambio, señalan sus vínculos con el Opus Dei y sus intenciones de cooptar a los restos del fujimorismo. Jamás, dicen otros, dejará de ser un partido limeño.
6. ¿PERÚ POSIBLE?
En marzo del 2002 —en medio de las múltiples bombas de tiempo heredadas de dos décadas atribuladas— dos eventos destacan como posibles promesas: el proceso de descentralización y el re-establecimiento de Gobiernos Regionales democráticamente elegidos y, en segundo lugar, el proceso de concertación. El primero sería la culminación de un proceso de ampliación de la escena política nacional forjado, desde abajo, a lo largo del siglo pasado. Y el segundo podría crear el marco de estabilidad de mediano plazo de que todos los intentos democráticos anteriores carecieron. «La reconstrucción de la fracturada fibra moral del país», según el Presidente Toledo es la misión principal del acuerdo concertador. «Los próximos 20 años comienzan esta noche», ha dicho en su discurso inaugurando el diálogo. El tiempo dirá si su mensaje fue escuchado.
HISTORIA POLÍTICA
En 1780 se produjo una sublevación de 60.000 indígenas contra el poder español, acaudillada por José Gabriel Condorcanqui, cacique que había adoptado el nombre de uno de sus antepasados incas, Túpac Amaru. Aunque al comienzo cosechó algunas victorias, el levantamiento fue finalmente aplastado en 1781 y Túpac ejecutado. A pesar de que otra sublevación similar fue sofocada en 1814, la oposición al poder imperial español crecía imparablemente en toda América del Sur. La oposición era dirigida principalmente por los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, resentidos por no poder participar en los asuntos de gobierno.
Sin embargo, la fuerza que liberaría a Perú del dominio español llegaría del exterior. En septiembre de 1820 el general José de San Martín, que había derrotado a las fuerzas españolas en Chile, desembarcó con su ejército en el puerto peruano de Pisco; en julio de 1821 el ejército de San Martín entró en Lima, que había sido abandonada por las tropas españolas. La independencia del Perú se proclamó el 28 de julio. La lucha contra los españoles sería continuada después por el libertador venezolano Simón Bolívar, que entró en Perú con su ejército en 1822. La fase final de la emancipación americana se inició con la batalla de Junín, que se libró el 6 de agosto de 1824, y se selló definitivamente con la derrota de las fuerzas españolas en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año.
1. INESTABILIDAD POLÍTICA
Los años siguientes fueron terriblemente caóticos. A Bolívar, que había abandonado el país para crear la Gran Colombia, le sucedieron en el poder sus oficiales, los llamados ‘mariscales de Ayacucho’. Andrés Santa Cruz gobernó entre 1826 y 1827 en calidad de presidente del Consejo de Estado peruano, toda vez que se había producido el alejamiento de Bolívar, y fue reemplazado por José de la Mar, que a su vez sería sustituido por Agustín Gamarra en 1829, quien gobernó hasta 1833. Entretanto, Santa Cruz se había convertido en presidente de Bolivia y en 1836 invadió Perú, estableciendo una confederación entre los dos países que duraría tres años, tras los cuales Gamarra tomó el poder de nuevo (véase Confederación Perú-boliviana). No obstante, el país no disfrutaría de la paz hasta 1845, año en que el general Ramón Castilla, veterano también de Ayacucho, tomó posesión de la presidencia. Castilla fue un hábil gobernante que en los dos periodos de su mandato inició numerosas e importantes reformas, como la abolición de la esclavitud, la construcción de vías férreas y de instalaciones telegráficas, así como la adopción en 1860 de una Constitución liberal. Castilla también inició la explotación de las riquezas del país, como el guano y los yacimientos de nitrato. En 1864 estos yacimientos desencadenarían la primera guerra del Pacífico (1864-1866) entre Perú y España, país que se había apoderado de las ricas islas guaneras de Chincha. Ecuador, Bolivia y Chile acudieron en ayuda de Perú, derrotando a las fuerzas españolas en 1866. El tratado que se firmó en 1879 constituyó el primer documento de reconocimiento por parte de España de la soberanía peruana.
Perú sufrió una gran derrota ante Chile en la segunda guerra del Pacífico (1879-1883), perdiendo ricos territorios en el sur. La guerra agotó las reservas financieras peruanas y creó una situación de tensión que ha prevalecido hasta hoy entre ambas naciones. En los siguientes veinticinco años Perú estuvo gobernado por sucesivos dictadores, entre los que cabe mencionar a Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, Eduardo López de Romaña; Manuel Candamo y a Serapio Calderón.
2. FUNDACIÓN DEL APRA
En 1908 el presidente Augusto Bernardino Leguía aplicó un programa de reformas económicas; después del primer periodo de su mandato (1908-1912), viajó a Gran Bretaña y Estados Unidos donde, además de relacionarse con los círculos empresariales de ambos países, adquirió conocimientos financieros que luego aplicaría en su país. Leguía recuperó la presidencia de la República en 1919 con el apoyo de un golpe militar, lo que le permitió gobernar en la práctica de forma dictatorial. Durante su segundo mandato, un grupo de intelectuales exiliados en México fundaron en 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo principal representante fue, durante más de cuarenta años, Víctor Raúl Haya de la Torre. Los postulados ideológicos de la APRA, que exigía reformas profundas en todos los sectores, pero sobre todo de las condiciones de vida de los indígenas, llevaron a Leguía a ilegalizar esta formación, aunque no pudo impedir que se convirtiera en el partido político más influyente de Perú. Antes de finalizar su mandato, Leguía firmó el Tratado de 1928 que zanjaba la vieja disputa de Tacna y Arica con Chile.
El 9 de abril de 1933 entró en vigor una nueva Constitución. Meses después fue asesinado el presidente Luis Sánchez Cerro, que había sucedido en el gobierno a Leguía. El nuevo presidente, el general Óscar Benavides, prosiguió con el nuevo modelo de política autoritaria combinada con apreciables avances en el sector económico. En cambio, Manuel Prado y Ugarteche, sucesor de Benavides en 1939, se vio obligado a hacer concesiones a los poderosos sentimientos de reforma fomentados por la APRA.
3. LA II GUERRA MUNDIAL
Durante la II Guerra Mundial Perú proporcionó un limitado apoyo a la causa aliada. Había roto relaciones con el Eje en 1942, pero no declaró la guerra a Alemania y Japón hasta febrero de 1945 para ser admitido como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.
En 1945 la APRA y una coalición de partidos liberales y de izquierda, eligieron presidente a José Luis Bustamante y Rivero, quien inició una serie de reformas liberales gracias a las cuales se consolidaron los derechos civiles y la libertad de prensa; además, una enmienda constitucional abolió las atribuciones dictatoriales que tenía el presidente. Pero el gobierno de Bustamante fue derribado en 1948 por un golpe de Estado organizado por la derecha, que tomó el poder e ilegalizó de nuevo al APRA. En 1950 Manuel Arturo Odría, general que había dirigido el golpe de Estado de 1948, convocó elecciones y fue elegido presidente de la República, pero sin la presencia en los comicios de los principales partidos de la oposición.
El gobierno de Odría fortaleció el Ejército, inició una serie de obras públicas y firmó acuerdos de colaboración económica y cultural con Brasil. Al igual que Chile y Ecuador, Perú extendió la soberanía territorial sobre sus aguas marítimas hasta las 200 millas, medida que provocó fuertes protestas por parte de Estados Unidos, cuyos barcos pesqueros faenaban en aquellas zonas.
4. EL PERIODO LIBERAL
En las elecciones de 1956 el político Manuel Prado volvió a ser elegido presidente. Inmediatamente puso en práctica amplias reformas que fueron respondidas con huelgas y revueltas callejeras ocasionadas por la inestabilidad económica y la galopante inflación. En 1959 el gobierno introdujo un programa que restringía la salida de divisas y estimulaba la industria nacional con varias medidas, como ayudas a la importación de bienes de equipo. A mediados de 1960, la economía había mejorado notablemente, ya que el capital externo entró en el país en forma de préstamos y contratos de desarrollo. En octubre del mismo año el gobierno logró que se aprobara su política de nacionalización gradual de las más importantes instalaciones petrolíferas.
En las elecciones de 1962 ninguno de los candidatos alcanzó el tercio necesario de los votos para alzarse con la victoria. Una junta militar se hizo con el poder y su dirigente, el general Ricardo Pío Pérez Godoy, fue nombrado presidente; fue depuesto por la misma junta en marzo de 1963. Tres meses más tarde se celebraron nuevas elecciones y Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente. En la segunda mitad de su mandato se incrementó la oposición política y el aumento de la inflación trajo como consecuencia la devaluación de la moneda en 1967.
5. EL GOBIERNO MILITAR
El largo litigio sobre la concesión de la explotación de los ricos yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas a la International Petroleum Company (IPC), subsidiaria de la American Standard Oil Company, fue resuelto finalmente por el gobierno de Belaúnde en agosto de 1968. Sin embargo, la desaprobación general a la firma de este acuerdo obligó al gabinete a dimitir el 1 de octubre y dos días después Belaúnde era depuesto por un golpe militar. Los derechos constitucionales fueron suspendidos y se constituyó la Junta Militar Revolucionaria encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, que fue nombrado presidente. Su gobierno expropió las instalaciones de la IPC, creando una fuerte tensión diplomática en las relaciones con Estados Unidos. Las relaciones se deterioraron aún más en febrero de 1969, cuando una cañonera peruana apresó a dos barcos pesqueros estadounidenses por faenar en aguas consideradas jurisdiccionales.
En la década de 1970 el gobierno de Velasco inició radicales reformas del sistema social y económico; las más importantes fueron la expropiación de los complejos agroindustriales de capital extranjero y las grandes haciendas latifundistas, la imposición del control de precios de los productos de consumo básico y del sector servicios, así como una amplia reforma agraria; en 1973 fue nacionalizada la industria de transformación de la anchoveta, que había sufrido un serio descenso en 1972 por una alteración en las corrientes oceánicas; el presupuesto previsto para 1973-1974 se incrementó un 35% para mejorar y diversificar la industria privada. En junio de 1973, el Banco Mundial concedió al país un crédito de 470 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó otros 30 millones de dólares.
6. RETORNO A LA DEMOCRACIA
El 9 de agosto de 1975 el gobierno fue derribado por otro golpe militar, precedido por una serie de huelgas y manifestaciones de descontento popular contra el enfermo presidente Velasco. Al día siguiente juraba como presidente el general Francisco Morales Bermúdez, primer ministro y ministro de la Guerra en el gabinete de Velasco.
El nuevo gobierno anunció que el país retornaría a la democracia en 1980; en las elecciones celebradas ese año, Belaúnde Terry fue el vencedor y formó gobierno en el mes de julio bajo una nueva Constitución. Durante los cinco años siguientes el índice per cápita se vino abajo, creció la deuda externa y aumentaron los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas de la contrainsurgencia gubernamental. En 1985 las elecciones presidenciales dieron la victoria al candidato del APRA Alan García Pérez, que fue incapaz de detener la rápida caída de la economía del país.
7. PRESIDENCIA DE FUJIMORI
En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero agrónomo descendiente de japoneses, Alberto Fujimori, derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, candidato de la coalición derechista Frente Democrático (FREDEMO). Fujimori, que contó en la segunda vuelta con el voto del APRA y de algunos sectores de izquierda, impuso un programa de austeridad dirigido a detener la hiperinflación y a restaurar la confianza internacional para la concesión de créditos a su país. Las dificultades económicas provocaron una escalada de la actividad violenta de Sendero Luminoso, grupo terrorista de orientación maoísta que en la década de 1980 había hecho casi ingobernables grandes zonas del país, y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo de orientación castrista.
En abril de 1992 Fujimori, mediante un ‘autogolpe’, suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno ante la protesta general de la opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. En septiembre fueron capturados varios dirigentes destacados de Sendero Luminoso (entre ellos su fundador y principal ideólogo Abimael Guzmán) y en noviembre los seguidores de Fujimori lograron una amplia mayoría en las elecciones legislativas. En 1993 Estados Unidos y otros países acreedores reanudaron la concesión de créditos a Perú. El 31 de octubre de ese año los peruanos aprobaron mediante referéndum (52,9% de los votos a favor, frente a un 47,1% en contra) una nueva Constitución que otorgaba mayor poder al presidente, reformaba el poder legislativo y permitía a Fujimori volver a presentarse en abril de 1995 a las elecciones presidenciales, que de nuevo ganó de forma abrumadora, derrotando a Javier Pérez de Cuéllar, antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, gracias al apoyo brindado por amplios sectores de la población y de las Fuerzas Armadas tras su victoria militar sobre Ecuador en la denominada ‘guerra del Cóndor’.
De esta forma, el presidente fue capaz de continuar con su acción de gobierno, ya desarrollada durante su primer mandato: en lo económico, política de privatizaciones y liberalizaciones de las empresas peruanas (particularmente las compañías financieras e industriales y los yacimientos petrolíferos), y ajuste financiero de acuerdo a las directrices del Fondo Monetario Internacional con el fin de detener la imparable deuda externa; en lo social, y fruto de la política neoliberal puesta en marcha, un creciente descontento popular ante la privatización de los servicios públicos; en lo político, desarrollo de una dura legislación que restringía algunos de los derechos y libertades fundamentales con la finalidad de liquidar la espiral de atentados terroristas.
Las protestas sociales ante el empeoramiento de la situación económica se generalizaron en el periodo comprendido entre 1997 y 1999, a la vez que se sucedían los gabinetes, de carácter eminentemente tecnocrático, mediante los cuales Fujimori intentaba restablecer la estabilidad política, rota tras su enfrentamiento con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Nicolás de Bari Hermoza, al que destituyó en agosto de 1998. El cese representó la ruptura con una parte de la oficialidad, así como de la clase política, que había respaldado al presidente en 1992, cuando llevó a cabo el 'autogolpe' que puso fin a la democracia parlamentaria en Perú.
En enero de 1995 una vieja disputa limítrofe entre Perú y Ecuador desembocó en un violento choque militar, cuyos resultados fueron presentados como un rotundo éxito del gobierno peruano. El territorio en litigio abarca una extensión de 340 km2 en la cordillera del Cóndor, que atraviesa ambos países. Esta cordillera es una región montañosa e inexplorada que alberga, según todos los indicios, ricos yacimientos de oro, petróleo y uranio. El territorio fue asignado a Perú en 1942 tras el acuerdo firmado por ambos países en Río de Janeiro, conocido como Protocolo de Paz, Amistad y Límites, y en el que figuran como garantes Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Aunque Ecuador firmó el acuerdo, siempre lo cuestionó, por lo que en 1950 lo anuló de forma unilateral.
Las escaramuzas continuaron en enero y durante el mes de febrero la aviación peruana efectuó ataques aéreos. Al terminar el conflicto, la evaluación que hizo la Asociación Americana de Derechos Humanos arrojaba la cifra de al menos 200 muertos y heridos por ambos lados, unas 5.000 personas desplazadas de sus comunidades en el norte del Perú y cerca de 15.000 en el sur del Ecuador. En el mes de marzo se firmaron dos acuerdos de cese el fuego para permitir el inicio de las negociaciones de paz.
Estas negociaciones tuvieron su primer resultado exitoso en 1995, año en que se firmó en Brasilia la Declaración de Paz de Itamaraty, mediante la que las partes en conflicto se comprometían a resolver el problema de forma pacífica. Las negociaciones fueron fundamentalmente de carácter militar, pues estuvieron relacionadas con el alto el fuego y a la creación de medidas de confianza entre ambos ejércitos. En 1996, año en que se signó el Acuerdo de Santiago, se llevó a cabo el establecimiento de los procedimientos de las negociaciones globales y definitivas. Y en octubre de 1998, Alberto Fujimori, presidente de Perú, y Jamil Mahuad, presidente de Ecuador, firmaron el Acta Presidencial de Brasilia, acuerdo definitivo que fijaba el límite fronterizo.
El acuerdo tuvo su epílogo en mayo de 1999, cuando los presidentes de ambos países sudamericanos, terminaron de fijar las lindes fronterizas definitivas sobre el terreno, en el paraje conocido como Cahuide, con lo que se cerraban décadas de conflictos diplomáticos y militares, y se abría una nueva etapa de cooperación y desarrollo regional.
Pese al optimismo manifestado por las autoridades de las dos naciones, en ambos países surgieron, no obstante, detractores del contenido de los acuerdos de paz.
El 17 de diciembre de 1996 se produjo un acontecimiento que concedió al presidente una mayor popularidad entre la población peruana: la ocupación de la Embajada de Japón en Lima por parte de un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Durante una recepción ofrecida por esta Embajada, en la que se encontraban políticos, militares, empresarios y diplomáticos de varios países, un comando del MRTA integrado por 14 guerrilleros ocupó la sede diplomática y exigió que, a cambio de la liberación de los rehenes, se excarcelara a un total de 440 miembros de este movimiento recluidos en varios penales del país. Tras 126 días, en los que el comando del MRTA accedió a liberar a gran parte de los secuestrados estableciendo diversos contactos con el gobierno de Fujimori, éste ordenó el 22 de abril de 1997 el asalto a la cancillería por parte de un grupo operativo integrado por 140 miembros. En la acción murieron todos los miembros del MRTA y dos de los rehenes.
Esta acción de rescate, elogiada por algunos sectores de la población y por parte de la comunidad internacional, pese a presentar algunos puntos oscuros, supuso el reforzamiento del poder de Fujimori, situación similar a la que había acontecido dos años antes durante el conflicto armado con Ecuador.
Las Fuerzas Armadas y la policía peruanas capturaron en julio de 1999 al que desde hacía siete años era el principal dirigente del diezmado grupo terrorista Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand (llamado Feliciano). Pocos días antes de que finalizara ese año, Fujimori presentó oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de abril de 2000, lo que ocasionó nuevas protestas de la oposición, que consideraba que aquél había cubierto ya los dos mandatos señalados por la Constitución. No obstante, el Congreso peruano había ratificado en agosto de 1998 una ley (ya aprobada inicialmente en 1996) que autorizaba a Fujimori a desempeñar un tercer mandato (segundo constitucional), argumentando que tan sólo había ejercido un periodo gubernamental tras la aprobación de la Constitución de 1993. Pese a que observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtieron inicialmente de la escasa transparencia de la campaña electoral, Fujimori decidió llevar a cabo las elecciones en la fecha prevista, el 9 de abril de 2000. Dado que quedó al borde del 50% de los votos en la primera vuelta (cuyo lentísimo recuento levantó numerosas quejas entre los observadores y la oposición), se vio obligado a disputar una segunda vuelta frente al candidato de la agrupación Perú Posible, Alejandro Toledo, que había obtenido el segundo puesto en aquélla. El mismo día 9 de abril tuvieron lugar las elecciones parlamentarias que dieron la victoria al partido de Fujimori, Cambio90-Nueva Mayoría, presentado al frente de una coalición denominada Perú 2000 (42,2% de los votos), frente al de Toledo (23,3%). El 19 de mayo, el principal dirigente opositor renunció a participar en la segunda vuelta aduciendo falta de garantías. Fujimori logró renovar mandato al ser el único candidato decidido a disputar la segunda vuelta, celebrada el día 28 sin presencia de observador internacional alguno y ante el rechazo de buena parte del electorado. El reelegido presidente de la República obtuvo el 51,2% de los votos emitidos, en tanto que Toledo, pese a su retirada, logró el 17,7 por ciento. Muchos de los votos fueron depositados en blanco o considerado nulos.
8. CRISIS POLÍTICA Y NORMALIZACIÓN
El 16 de septiembre de 2000, Fujimori anunció su próxima retirada del poder, la convocatoria de elecciones y su decisión de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por uno de sus asesores, Vladimiro Montesinos. Pocos días antes se había difundido una grabación en la que éste aparecía sobornando a un parlamentario opositor. Ante las distintas intenciones respecto a la convocatoria electoral y sobre quién estaría al frente del país durante ese periodo, el gobierno (decidido a que Fujimori condujera la transición) y la oposición (que pedía la formación de un gobierno de unidad nacional), fijaron, en la Mesa de Diálogo auspiciada por la OEA, el día 8 de abril de 2001 como fecha de los comicios. Montesinos, refugiado en Panamá, regresó a Perú, y Fujimori, para despejar las dudas que surgían sobre la presunta protección que tanto su gobierno como parte del Ejército le prestaban, dirigió las operaciones policiales y militares emprendidas para localizarle. Debido al agravamiento de la crisis, muchos diputados fujimoristas se pasaron a la oposición y ésta pasó a controlar el Congreso. El 16 de noviembre, tras triunfar una moción de censura, la presidenta de la cámara, Martha Hildebrandt, fue sustituida por Valentín Paniagua (secretario general de Acción Popular). El 19 de noviembre, el primer ministro, Federico Salas, comunicó que Fujimori, desde Japón, había renunciado a la presidencia. De modo casi inmediato dimitieron el gobierno y los vicepresidentes primero y segundo, Francisco Tudela y Ricardo Márquez. Tras la renuncia de éstos, y según lo previsto en la Constitución, Paniagua juró el 22 de noviembre como presidente de la República y nombró un gabinete integrado por miembros de la oposición, con Pérez de Cuéllar como primer ministro.
El 8 de abril de 2001 se celebraron las esperadas elecciones legislativas y presidenciales. En las primeras, las formaciones más votadas fueron Perú Posible (que obtuvo 41 escaños en el Congreso), el APRA (29), Unidad Nacional (15) y el Frente Independiente Moralizador (12). En las presidenciales, Alejandro Toledo y Alan García, respectivos candidatos de Perú Posible y el APRA, fueron los que más votos recibieron, siendo la gran derrotada la candidatura de Lourdes Flores, presentada por Unidad Nacional. Al no haber alcanzado el 50% de los sufragios, Toledo y García tuvieron que concurrir a una segunda vuelta, que tuvo lugar el 3 de junio y dio la victoria a Toledo. Éste tomó posesión el 28 de julio y formó gobierno con Roberto Dañino como primer ministro, adoptando el compromiso de luchar contra la pobreza, el desempleo y la corrupción en el seno del Estado.
En junio de 2002, ante el programa de reformas económicas del nuevo ejecutivo, estallaron protestas y movilizaciones en diversas regiones del país, sobre todo en Arequipa. Como consecuencia de la crisis política abierta tras estos hechos, Toledo recompuso su gabinete, que a partir de julio de 2002 tuvo como primer ministro a Luis Solari. En mayo de 2003, se reactivaron las protestas de determinados sectores de la sociedad peruana que reivindicaban mejoras salariales; Toledo, que declaró como un año antes el estado de emergencia, nombró primera ministra a Beatriz Merino a finales de junio. En diciembre de ese año, el presidente solicitó la renuncia de su equipo ministerial, sustituyendo a Merino por Carlos Ferrero. Pero la inestabilidad prosiguió y, en julio de 2004, la Confederación General de Trabajadores del Perú convocó un paro general para solicitar al gobierno el cambio de su política económica, laboral y social.
AHORA, LO MÁS DIFÍCIL: DEMOSTRAR QUE LA DEMOCRACIA VALÍA LA PENA
La parte épica de la lucha por la democracia ya concluyó, afortunadamente con victorias resonantes y hermosas. Vienen ahora épocas menos heroicas y más lejanas de los reflectores de la gran prensa. Una tarea de construcción cotidiana, tan difícil como indispensable. Una etapa en la que por primera vez en nuestra historia la democracia tiene la oportunidad y la urgencia de echar raíces y solucionar problemas concretos de la gente. En suma, demostrar que valía la pena.
Una mirada a nuestra historia republicana nos muestra muy rápidamente que la democracia en el Perú no ha tenido nunca raíces muy sólidas. Son muchos más los años en que hemos sido regidos por gobiernos impuestos, sean éstos civiles o militares, que por autoridades auténticamente surgidas de la voluntad popular. Son, además, poquísimos los casos en nuestra historia en que los gobernantes civiles han concluido exitosamente sus experiencias de gobierno. Sin ir más lejos, presidentes tan respetables y que habían despertado tanto fervor popular al ser elegidos, como José Luis Bustamante y Rivero y Fernando Belaunde Terry, terminaron víctimas de golpes de estado seguidos de largos gobiernos militares. El APRA, por su parte, el partido político más importante de nuestra historia, hizo un gobierno tan desastroso que nos dejó a merced de la siguiente ola autoritaria. El Perú es, además, el único país de América Latina donde la generalizada transición a la democracia que tuvo lugar entre fines de los setenta y mediados de los ochenta fracasó abiertamente y fue interrumpida por un golpe civil-militar que dio origen al autoritarismo de Fujimori y Montesinos.
Si bien todo lo anterior es verdad, lo es también que no hay razón alguna para caer en un fatalismo histórico, a partir del cual estemos condenados a repetir el pasado. No necesariamente tiene que ser así. Para lo que puede ser útil esta mirada a las dificultades históricas de la construcción de la democracia en el Perú, es para recordar a quienes ejercerán el gobierno las complejidades y dificultades que habrán de enfrentar; y, asimismo, para que quienes queremos fiscalizar a las nuevas autoridades tengamos una perspectiva más realista de lo que se puede conseguir y exigir.
Pero si de condicionantes históricos se trata, hay también para este nuevo intento democrático en el Perú algunos que apuntan en el sentido contrario, a saber, que esta vez la democracia pudiera ser posible, o, parafraseando el particular lenguaje de nuestro nuevo presidente, “a que estemos condenados a no fracasar”.
Estamos, así, en una nueva época de la política mundial en la que los gobiernos democráticos son crecientemente reconocidos como la única forma aceptable de organizar el gobierno de las naciones. Eso es especialmente cierto en América Latina, donde hay cada vez más impedimentos para cualquier aventura autoritaria. Es verdad que la comunidad hemisférica tuvo una actuación ambivalente y discutible frente a Fujimori y Montesinos, pero justamente esas medias tintas del pasado (hoy tan convenientemente puestas debajo de la alfombra, mientras se escribe la “historia oficial”) se convierten en un estímulo adicional para estar más alertas. Allí está, por ejemplo, la “Carta Democrática” promovida por el Perú y que se aprobará en octubre próximo en Lima; Carta que obliga a los estados miembros de la OEA a una actitud más vigilante y a identificar más finamente los síntomas que preanuncian amenazas serias a las democracias.
Se nos puede responder, con razón, que no hay una correlación necesaria y suficiente entre la imposibilidad de que existan regímenes militares abiertos o encubiertos, con el éxito de la democracia. Éstas pueden también languidecer con todas sus formalidades intactas y despertar en la población apatía y hasta desprecio. Se requiere, por tanto, no solamente evitar el asedio de sus enemigos sino, quizá más importante todavía, lograr paulatinamente que la democracia signifique algo positivo para la gente. Para avanzar en esa dirección hay también, en el caso peruano, bases sobre las que apoyarse.
Está allí, en primer lugar, el ejemplo del gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. Pocos gobiernos en nuestra historia asumieron el poder en condiciones más dramáticas y tuvieron que actuar como éste, en cada momento, al filo del abismo. Y los resultados están a la vista. Un gobierno prestigiado y respetado nacional e internacionalmente. Una demostración palpable de que respetar los derechos humanos y el Estado de derecho es totalmente compatible con la eficiencia. Una prueba de que el tener voluntad política de solucionar problemas, por más graves que éstos sean, es ya un primer paso importante en la dirección correcta.
En segundo lugar, porque los peruanos hemos pagado demasiado caro nuestra absurda pretensión de que “un hombre fuerte” nos iba sacar del hoyo en el que estábamos. Vaya que nuestra abdicación colectiva sobre el manejo y fiscalización de la cosa pública nos ha costado caro. Los niveles de podredumbre a los que se llevó el país superan los de muchas tiranías africanas, y el daño económico (lo que se robaron, para usar un lenguaje más directo) puede superar los mil millones de dólares. Nunca más, pareciera ahora la consigna de todos. Ojala dure la memoria. Tendríamos en ella el mejor antídoto contra nuestras frecuentes recaídas.
En tercer lugar, tenemos una población movilizada. Es impactante cómo en medio de una campaña electoral tan poco atractiva como la que tuvimos en la segunda vuelta, y con tan extendida desconfianza sobre los dos candidatos en contienda, la gente siguió saliendo a las calles masivamente. La noche misma de la victoria de Toledo una enorme y espontánea multitud se congregó en el Paseo de los Héroes Navales, testigo de tantas jornadas de lucha por la democracia en los dos últimos años. Obviamente, el ánimo era de festejo y de apoyo a su candidato, pero esto contrasta con la actitud que primó en los noventa de pasividad y dejar hacer a otros. Estamos aquí ante un apoyo activo y, por tanto, ante gente con voz propia y que reclama presencia en la política nacional.
Hay varios y complejos frentes en los que el nuevo gobierno de Alejandro Toledo deberá actuar en los próximos meses y en los que deberá probar su capacidad de liderazgo. Frente a ellos no hay ni garantía preestablecida de éxito, ni inevitabilidad de fracaso. El resultado dependerá mucho de cuál sea el manejo político que se tenga y la forma en que se gobierne. Mencionemos tres de los escenarios en los que el gobierno de Alejandro Toledo deberá demostrar sus reflejos.
1. La magnitud de las demandas sociales insatisfechas, enlazadas con las expectativas estimuladas durante la campaña electoral; todo ello en contraste con las pequeñísimas posibilidades de producir cambios significativos dada la situación económica nacional e internacional. El gobierno de transición tuvo dos ventajas a este respecto y que ya no funcionarán para Toledo. Por un lado, las expectativas y demandas frente a Paniagua eran necesariamente menores, dado que se trataba de un gobierno de muy corta duración; y, por otro, se gobernó sin oposición y con el apoyo de todos los sectores democráticos; algo que no es posible (ni deseable) para etapas “normales”.
2. La tensión y presiones que pueden generarse pronto entre el proceso de revisión del pasado en busca de verdad y justicia en ámbitos vinculados a los derechos humanos, la corrupción y la destrucción del Estado de derecho, al enfrentarse con la demanda de mirar sólo hacia adelante, olvidar el pasado y concentrarse exclusivamente en las tareas cotidianas de gobernar un país tan difícil. En otras palabras, la contradicción usual entre lo urgente y lo indispensable.
3. El contexto internacional de la región andina, que va a vivir una etapa especialmente intensa y difícil por la masiva intervención norteamericana en el combate al narcotráfico. Si bien Colombia es el foco de esta estrategia (¡1300 millones de dólares para el Plan Colombia!), el Perú va a recibir 200 millones de dólares el próximo año, lo que da una idea de lo fuerte que viene el tema y de la necesidad de prepararse para el impacto que puede tener esta guerra frontal contra la producción de coca en toda la región, sobre todo por la agudización de problemas sociales y por la creación de un caldo de cultivo favorable para los restos del senderismo actuando en esas zonas. Nuestros gobernantes deben tomar muy en cuenta que el Perú está en el corazón de la región andina, sin duda la parte del hemisferio occidental con más problemas superpuestos y en la que se esperan grandes turbulencias en los próximos años.
Preocupados por revelaciones sobre su carácter, hemos sido en algunos momentos escépticos acerca de que Alejandro Toledo fuera la persona más adecuada para liderar esta nueva etapa de la transición democrática. Nuestra actitud hacia él tiene que cambiar ahora por completo. No se trata de dejar de fiscalizarlo y criticarlo cuando corresponda, sino de entender que ahora, en su condición de Presidente de la República para el 2001 al 2006, sus éxitos o sus fracasos le han dejado de pertenecer y nos conciernen a todos. Que Toledo complete el período para el que ha sido elegido y lo haga de una forma razonablemente exitosa, no está sólo en el interés de Alejandro Toledo y Perú Posible, sino que es algo que nos tiene que importar a todos. En el caso particular de organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, eso nos obliga a combinar firmeza en la fiscalización y creatividad en las propuestas, con una actitud responsable que sepa distinguir entre lo ideal y lo posible.
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